(Cámara de Apelación Penal Sala III Rosario)
En relación al fallo emitido por la Cámara de Apelación Penal Sala III Rosario, con la firma y fundamentos del Dr. Ernesto Martín Navarro, avalado y compartido por el Dr. Otto H. Crippa García y la Dra. Elena Ramón, fallo que hace lugar al HABEAS CORPUS interpuesto por el dueño de los Lavaderos Virasoro, Jorge Carlos Guidetti, revocando la resolución Nº 652 del 25 de julio de 2007 glosada a fojas 40, emitida por el Dr. Alfredo Ivaldi Artacho, quien no hizo lugar al mencionado recurso de habeas corpus, damos nuestra opinión.
La patronal de los Lavaderos Virasoro, una vez más demuestra como los que poseen el poder económico utilizan sus privilegios al conseguir que la justicia responda a sus intereses, en el marco de un conflicto laboral.
Se le otorga a una patronal la posibilidad de desconocer a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ámbito natural de resolución de conflicto laborales- hecho que el propio fallo reconoce puntualmente para luego descalificarlo con variados argumentos – y genera una seria situación a futuro. Cualquier patronal, ante un determinado conflicto, sin dudas se tomará de este antecedente para no concurrir ante citaciones que de tan obligatorias, incluso prevén la posibilidad de ser conducido por la fuerza pública.
Un fallo grave, que ataca al legítimo derecho de los trabajadores a defenderse de los abusos y violaciones a la legislación vigente por parte de la patronal, lo es mucho más si leemos los fundamentos.
En un acto de criminalización de la protesta , siguiendo una línea similar a la cotidiana actuación de aquellos jueces que continúan en sus sillones desde la dictadura genocida a la fecha sin dar explicaciones de sus conductas- ni del desconocimiento de habeas corpus por desaparecidos, de las listas negras confeccionadas para echar gente de los tribunales o directamente ponerla en manos de los asesinos, que no vieron niños robados delante de sus narices- dice el Dr. Navarro:
“ se habría decidido, o sería mi propuesta, que la comparecencia de Jorge Carlos Guidetti a una audiencia de conciliación, se efectivizara en un clima de total paz y tranquilidad negociadora. Por ello debo decir que el lugar que propone el Jefe del Dpto. de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Trabajo, y vaya esto como opinión personal ( Y LA IMPARCIALIDAD, Sr. Juez???) no ofrece garantías en cuanto a paz y tranquilidad negociadora. ¿O no se pueden juntar en las adyacencias centenares de personas en ruidosa permanencia? Como ciudadanos lo hemos visto más de una vez. ¿Soslayamos a las aglomeraciones que denominan “escraches”? pareciera que esa modalidad está reconocida, aceptada mansamente, y lo que es más grave, incorporada a la vida institucional del país sin que casi nadie diga algo en queja a pesar de que es un modo que permite descargar contra el elegido intimidación y violencia, aún oblicuamente (¿?) Desde el anonimato que brinda la multitud, el ocultamiento de rostros e incluso con la exhibición de armas u objetos contundentes, se hecha por tierra la paz, la libertad y la tranquilidad que supone una vida en democracia. Estimo (Ud. supone, Sr. Juez? No necesita pruebas para juzgar?) que en el caso se afectaría-si se accediera al comparendo compulsivo que como dije no corresponde- el ánimo y la voluntad de decisión de quien desde las cercanías y con innegables riesgos, podría ser “escrachado”, lo cual es inaceptable”.....
Dr. Navarro, la tranquilidad de más de trescientas familias sólo la rompió el Sr. Guidetti con el trato a sus trabajadores: pagando salarios de hambre, desconociendo derechos sindicales, explotando con larguísimas jornadas, sin darles protección adecuada pese a manejar químicos y despidiendo sin causa. Pero no es en esta nota nuestra preocupación fundamental analizar la conducta de esta patronal y sus abogados patrocinantes, que ha sido denunciada hasta por el mismísimo Jefe de Policía de Rosario ( quien más respetuoso de la Ley ?)
Nuestra preocupación consiste en explicarle por qué nacieron los “escraches” en la Argentina, porque conocer es parte de una decisión correcta en cualquier espacio donde uno se desenvuelve.
Los “ escraches”, que en Rosario comenzaron en el año 1997, y varios se realizaron frente a Tribunales, por ejemplo el 8 de octubre de 1998 a los 14 años del robo IMPUNE de todos los Archivos de los Genocidas y sus cómplices empresariales que allí estaban en custodia (¿quién debió investigar ese robo?) o los realizados por todos los Asesinados en Diciembre del 2001, no generaron en NINGÚN JUEZ la velocidad de respuesta a lo solicitado que se tuvo con este fallo.
PORQUE BUSCÁBAMOS VERDAD Y JUSTICIA.
Y MOSTRARLE A LA POBLACION QUE CONVIVIAN CON ASESINOS FEROCES, TORTURADORES, LADRONES DE BEBES, VIOLADORES, LADRONES.....QUE ERAN POLICIAS, JUECES , MILITARES, SACERDOTES, EMPRESARIOS, PROFESORES, DIRECTORES DE ESCUELAS, ABOGADOS , POLÍTICOS, ETC.
JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES ERA UNA CONSIGNA INCLAUDICABLE, PERO LA UNICA JUSTICIA QUE NOS HABIAN DEJADO LAS INFAMES LEYES DEL PERDON: PUNTO FINAL, OBEDIENCIA DEBIDA E INDULTO, ERA LA CONDENA DE LA SOCIEDAD.
PORQUE LA LEY DECIA QUE NO SE PODIA JUZGAR A LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD.
LOS QUE PENSAMOS CADA DIA EN EL RESTO DE NUESTROS VECINOS, COMPAÑEROS DE TRABAJO, FAMILIA, AMIGOS, BUSCAMOS SEÑALAR A LOS GENOCIDAS RECICLADOS EN ESPACIOS DE PODER, DESDE DONDE PUEDEN CONTINUAR CON SU NEFASTO ACCIONAR.
DECENAS DE ESTOS IMPERDONABLES PERSONAJES FUERON DESENMASCARADOS EN TODOS LOS ÁMBITOS POR MILES DE ROSARINOS / SANTAFESINOS QUE NO OLVIDAN NI PERDONAN.
Y LOGRAMOS DESTRUIR LA IMPUNIDAD DE MUCHOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD GENOCIDAS Y SUS COMPLICES, LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL, ECONOMICO-EMPRESARIAL, INSTITUCIONAL O ECLESIASTICO.
¿Porqué a Ud. o los jueces co-firmantes nunca les preocupó que el genocida Daniel Amelong (y muchos otros tan culpables pero más anónimos) caminaran diariamente los pasillos de Tribunales? ¿No pensó en la democracia, la paz, la libertad, la tranquilidad y podemos agregarle el derecho a la verdad y la justicia, en esos momentos?
LA IMPUNIDAD GENERO CON LA CREATIVIDAD DEL CAMPO POPULAR UNA HERRAMIENTA PARA PROTEGER LA MEMORIA Y DEFENDERNOS CONTRA EL OLVIDO , LA INDIFERENCIA Y LA INJUSTICIA: EL “ESCRACHE”. Como decíamos en nuestros documentos “cuando desaparecen los restos de la víctimas, se produce un hueco en la historia social, se produce un agujero negro, un abismo histórico sin registro ni inscripción y en ese agujero negro sin registro ni inscripción se pretende hacer desaparecer la responsabilidad de los criminales”
Y HABÍA SIEMPRE QUIENES TENÍAN ARMAS, LA CARA TAPADA Y ERAN MULTITUD DE VIOLENTOS QUE GENERAN PROVOCACIONES Y DISTURBIOS: REUNE ESAS CONDICIONES LA POLICIA QUE MANDAN JUECES Y POLITICOS A CUIDAR A LOS GENOCIDAS Y SUS ETERNOS COMPLICES, LAS PATRONALES EXPLOTADORAS.
NUNCA NECESITAMOS EL ANONIMATO. Porque a nosotros nos protege el pueblo que siempre nos acompañó. El mismo pueblo que tomó los “escraches” en sus manos y sí, mal que le pese a muchos, los legitimó como una auténtica , genuina y pacífica forma de lucha.
PORQUE :
SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE
PORQUE
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
Rosario, 16 de octubre de 2007
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO
lunes, 29 de octubre de 2007
sábado, 27 de octubre de 2007
UNA VIOLENCIA QUE NO CESA
Una violencia que no cesa
Por Carlos A. Solero*
La reciente difusión de un fallo judicial legitimando la violencia contra las mujeres como derecho de los varones para aparecer como débiles o disminuidos debería ser una señal de alerta para toda la especie humana.
Si bien, el atroz veredicto proviene de Brasil lo cierto es que los dogmáticos argumentos allí esgrimidos son similares a los sostenidos desde este lado de la frontera para condenar a padecer a jóvenes violadas y embarazadas de modo compulsivo. Cada día siguen muriendo mujeres por abortos en condiciones deplorables, al estigma social de la mujer violada, debe añadir los vejámenes del sistema judicial, de los inquisidores de turno, de la prensa sensacionalista, etc.
Hijos no deseados, madres y niñas maltratadas por doquier, argumentos falaces, violencia simbólica y explícita. Prostitución infantil, redes de tráfico de personas.
Más allá de las declaraciones altisonantes lo cierto es que persisten nefastas prácticas propias de un patriarcalismo cerril, fundamento de un sistema de explotación y opresión.
No es un problema de “ellas”, todos somos parte de la sociedad y debemos tomar clara posición ante estas situaciones injustas, es nuestro deber eliminarlas con la brega cotidiana y consecuente.
*Miembro de la APDH Rosario
Casolero_1@hotmail.com
Por Carlos A. Solero*
La reciente difusión de un fallo judicial legitimando la violencia contra las mujeres como derecho de los varones para aparecer como débiles o disminuidos debería ser una señal de alerta para toda la especie humana.
Si bien, el atroz veredicto proviene de Brasil lo cierto es que los dogmáticos argumentos allí esgrimidos son similares a los sostenidos desde este lado de la frontera para condenar a padecer a jóvenes violadas y embarazadas de modo compulsivo. Cada día siguen muriendo mujeres por abortos en condiciones deplorables, al estigma social de la mujer violada, debe añadir los vejámenes del sistema judicial, de los inquisidores de turno, de la prensa sensacionalista, etc.
Hijos no deseados, madres y niñas maltratadas por doquier, argumentos falaces, violencia simbólica y explícita. Prostitución infantil, redes de tráfico de personas.
Más allá de las declaraciones altisonantes lo cierto es que persisten nefastas prácticas propias de un patriarcalismo cerril, fundamento de un sistema de explotación y opresión.
No es un problema de “ellas”, todos somos parte de la sociedad y debemos tomar clara posición ante estas situaciones injustas, es nuestro deber eliminarlas con la brega cotidiana y consecuente.
*Miembro de la APDH Rosario
Casolero_1@hotmail.com
miércoles, 3 de octubre de 2007
OPINION DE APDH ROSARIO PUBLICADA EN ENREDANDO
NOTA PUBLICADA EN ENREDANDO
Elecciones en Santa FeLas deudas pendientesEn el marco de las elecciones en la provincia de Santa Fe, enREDando consultó a referentes de diversas organizaciones sociales sobre las grandes deudas pendientes que los tres niveles de gobierno deben agendar para responder a las demandas del campo popular. Expectativas, luchas, reclamos y perspectivas ante un nuevo escenario político. La provincia de Santa Fe recurrirá a las urnas una vez más para elegir a sus candidatos de gobierno. Las próximas elecciones generan expectativas ante nuevos escenarios políticos que se definirán a través del voto de la ciudadanía, aunque esto no implique necesariamente, una renovación que el campo popular espera desde hace tiempo. Las demandas y reclamos que desde las organizaciones sociales se vienen llevando adelante, más allá de la coyuntura eleccionaria, son genuinos y necesarios. Son, sobretodo, expresiones populares, ciudadanas y conjuntas que luchan y se hacen oir ante cada nuevo horizonte político que se presenta a nivel nacional, provincial y municipal. La necesidad de establecer políticas de Estado que favorezcan y respondan a las necesidades de las mayorías es la gran deuda pendiente, el desafío a construir y el reclamo histórico de todas las organizaciones. Cada una, desde su lugar y su lucha, trabaja por generar espacios de participación que incidan en las políticas públicas, que influyan en la agenda política de los candidatos a gobierno y que de una vez por todas, sean valorados por quienes dicen llevar adelante procesos de cambio y transformación, más allá de los tintes partidarios. enREDando se acercó y consultó a referentes de organismos y organizaciones sociales, que desde diferentes perspectivas dan cuenta de las demandas pendientes, las perspectivas futuras y el análisis que a nivel nacional enmarca lo que en los próximos días se definirá en la arena política de Santa Fe. Derechos humanosEn el campo de los derechos humanos consultamos a Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y a Oscar Lupori, coordinador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Norma Ríos señaló que en la ciudad, y esto se evidenció con la protesta realizada en la Plaza San Martín por la CCC, hay “300.000 personas viviendo sin trabajo, con planes trabajar o changas esporádicas bajo la línea de pobreza o de la indigencia, con la máxima precariedad, sin agua potable, sin viviendas, con una educación desvastada y sin posibilidades reales de inserción social”. En este sentido, “el panorama no es muy optimista y allí se está violando el derecho humano elemental que es el derecho a tener una vida con dignidad.” Por otra parte, remarcó situaciones comunes de carencia que se viven a nivel provincial y municipal como la solución al problema de los inundados, donde la realidad es muchísima más grave en Santa Fe, a las vivienda y posesión de las tierras, a la contención infanto - juvenil (clubes, planes de trabajos, estudios, aprendizaje de oficios alimentación) “y otras carencias producto del ejercicio del gobierno de la provincia desde hace 24 años por un signo político, que tiene entre sus prioridades, los negocios personales productivos de sus miembros.” Denunció, en este aspecto, carencias de medidas políticas, “planes, proyectos que sean una solución para el pueblo, porque la indiferencia también es una política activa.” Estas ausencias de políticas se evidencian en la educación “no solo de nivel, contenidos y salarios de los educadores y trabajadores no docentes, sino también, la tristísima situación edilicia de las escuelas”. En Salud, “la situación de hospitales, médicos y medicamentos sin cargo (integral).” Además, “una falta de profundización y avance de los juicios sobre el Terrorismo de estado y las tres AAA, la protección de mujeres y niños contra la violencia social/familiar, para resolver y terminar con los casos de gatillo fácil, incluidos los juicios de diciembre 2001, para terminar o al menos comenzar a enfrentar seriamente el tema de la policía que maneja la prostitución infantil, el juego clandestino y el trafico de drogas (se denuncian entre ellos), para revertir una situación en cárceles que apuesta a la pena de muerte de hecho, nunca a la re socialización de los detenidos. Y terminar con la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta.” Con respecto a las expectativas que generan estas elecciones, particularmente en Santa Fe, la militante de APDH cree que “si bien se plantean posibles cambios, aparecen más como discursos de campaña que como políticas reales. Un signo político diferente gobernando en la provincia crea expectativas, pero los condicionamientos reales de años de entrega, corrupción y negocios sucios, crean un condicionamiento real para cualquier gobierno futuro.” Y en este aspecto, sostiene que “la carencia fundamental para conseguir lo planteado como necesidades, es la falta de protagonismo popular en las decisiones de fondo. Falta la unidad, la organización, el pensamiento conjunto popular, que le dé carnadura a una política de cambios profundos.” La gran expectativa esta depositada en que los nuevos gobernantes, como plantea Ríos, “estén a la altura de las circunstancias, porque para eso se candidatean y quieren ganar la elecciones, o soportarán la resistencia popular, que aún con muchas dificultades, no cesa de avanzar.” A nivel nacional, la realidad planteada por la presidenta de APDH se agudiza aún más “en un país que comenzó un plan social, político y económico sobre la base de un genocidio que permitió su implementación”. Se refirió puntualmente a la concentración y acumulación de la riqueza como “la madre de los peores males”. Y remarcó, en primer lugar, “la impunidad más generalizada y naturalizada, en todos los planos. Sin una distribución equitativa de los bienes que se producen, podrás comer más, menos o nada, y/o todos los días, pero tus derechos humanos están vulnerados desde la raíz”, opina Norma Ríos. Su crítica al gobierno nacional es contundente y en este aspecto mencionó y recordó “los asesinatos políticos (Fuentealba y otros), las agresiones al pueblo (Varizat, represiones varias), la desaparición de Julio López luego de la primer sentencia en 30 años a un genocida y los presos políticos como datos de la realidad cotidiana.” Oscar Lupori, referente del MEDH y militante de los derechos humanos también se expresó al respecto, coincidiendo con Norma Ríos en muchos de sus reclamos. A nivel provincial subrayó la necesidad de “reorganizar institucionalmente el Estado con: una reforma constitucional en acuerdo a las declaraciones, pactos y convenciones de DDHH leídos a la luz de las postulaciones de los Movimientos sociales de DDHH, Ecologistas, de Género, de Desempleados, de Nuevo Sindicalismo, de Nuevas Expresiones Artísticas y uso de NTICs, consultando a las organizaciones sociales que los integran; leyes que reorganicen el Estado, hacia una democracia participativa y la justicia social, quitándole los resabios del terrorismo-neoliberalismo como: autoritarismo-centralismo-corrupción: revisar el poder judicial que carga con muchas denuncias, la composición y funcionamiento del ejecutivo (por ejemplo en su ministerios de gobierno y economía, en sus secretarías de seguridad, de trabajo y medio ambiente, reforma policial y del sistema penitenciario, concluir con los trabajos estatales por contrato, blanquear los salarios y tomar medidas contra el trabajo en negro)”. Para Lupori es fundamental pasar de la retórica y colaborar operativamente con: “los juicios por la verdad, la justicia y la reparación; concluir con la obstaculización de justicia por las muertes del 19 y 20 de diciembre del 2001 y las inundaciones de Santa Fe; la memoria activa, la educación en y para los DDHH y una comunicación en acuerdo a la dignidad humana”. En ese sentido, mencionó la ley de educación en DDHH para que sea reglamentada, la ley sobre el derecho a la información y “asumir en serio la ley nacional de defensa integral de los derechos de l@s niñ@s y de l@s adolescentes; una política y legislación operativa de defensa del medio ambiente en una provincia con denuncias de norte a sur sin ser atendidas”. Además, la necesidad de establecer “políticas de seguridad ciudadana integral, caracterizada por ser de cuidado de la vida, de posibilidad de futuro. Por tanto que luche y trabaje contra el modelo de la exclusión, las precarizaciones y el narcotráfico”. A nivel municipal, Lupori reclama una “autonomía municipal para una política económica social de tipo solidaria que haga al desarrollo humano local.” Y que se trabaje a favor de una “integración urbana de los asentamientos precarios de diferente conformación; un plan estratégico urbano con sentido de cuidado de la vida frente a los riesgos de la vida urbana y previsor de posibles catástrofes; entendimientos entre vecinos, entre trabajadores ante el aumento de conflictos por intereses de paisajes y hábitat, por diversiones y tranquilidad, luchas sociales y molestias mediante asunción pronta de los reclamos, audiencias públicas”. Es decir, "potenciar los canales de participación ciudadano, perfeccionando el presupuesto participativo, el consejo municipal en los distritos, los foros sociales.”, entre otras demandas que involucra el fin de los trabajos con contratos y perfeccionamiento de becas. Las expectativas de un nuevo gobierno bajo el mismo signo político que actualmente gobierna la provincia no son muchas. Síntoma de ello menciona el clientelismo existente, el déficit habitacional, problemas en educación, inundaciones, medioambiente, la obstaculización de numerosas causas judiciales, la falta de reglamentación de una Ley de DD.HH impulsada por el MEDH, la precarización laboral en la Secretaría de DD.HH, entre otros. “Espero que la elección posibilite un gobierno que trabaje con voluntad en este sentido.” En el plano municipal, reclama al socialismo una profundización de las políticas que enuncia. En el marco nacional, Oscar Lupori destaca las acciones del gobierno en materia de derechos humanos. Sin embargo, aclara, “no se nota la misma decisión respecto a los mentores económicos de ese terrorismo. Pero llama más la atención que no asuma resueltamente las causas del presente ( por ejemplo la represión sangrienta del 2001, la represión en el puente Pueyrredón, las inundaciones en Santa Fe, la muerte de Fuentealba, lo de Varizat en Río Gallegos, y que cuente entre sus aliados a personas acusadas como Reuteman”). Para el referente del MEDH no es solo cuestión de “encarar lo del pasado en la medida que sus protagonistas pierden poder y no enfrentar a los grupos de personas con poder que protagonizan violaciones actuales.” Género El Movimiento de mujeres, desde diferentes espacios sociales y organizaciones, trabaja por un reconocimiento de los derechos vulnerados históricamente. En este aspecto, enREDando consultó a Mabel Gabarra de Indeso y Viviana Della Siega de Insgenar. Para Della Siega, las demandas a nivel provincial y municipal tienen que ver con “la aplicación de un protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación para el tratamiento adecuado de las mujeres que llegan a los efectores de salud por problemas causados por un aborto; que se realicen sin problemas las ligaduras tubarias y vasectomías en los efectores públicos, tal como lo establece la ley y que no se judicialicen los aborto nos punibles establecidos por nuestro Código Penal.” Remarcó la necesidad de que “se aumente el número de refugios para las mujeres que padecen violencia en razón del género” y a nivel provincial, específicamente, esperan que se cree “la Secretaría de la Mujer, se establezca el Plan de Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres; se cumpla con la ley de educación sexual capacitando masivamente a docentes y se eduque en derechos humanos con perspectiva de género.” La expectativa a nivel nacional está puesta en la creación de un “Ministerio de la Mujer, que se transversalice la perspectiva de género en todas las políticas públicas, que se realicen campañas permanentes en torno a estos temas, que se legalice el aborto gratuito y seguro; que se adecuen todas las normativas locales a lo que establecen los pactos internacionales en cuanto al cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres; que se introduzca la perspectiva de género en la formación de los profesionales especialmente del derecho y de todas las ramas de la medicina.” Mabel Gabarra coincide en el planteo de éstas demandas y profundiza en la necesidad de generar políticas públicas de prevención y atención de violencia contra las mujeres y que aseguren la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el ámbito provincial. Entre las primeras destaca: a) las establecidas en la ley de violencia familiar vigente y que deben ser implementadas por los Ministerios de Salud, Educación y Gobierno de la Provincia de Santa Fe, b) capacitación de los/las agentes públicos directamente involucrados/as con la atención de las víctimas de violencia familiar (policia, funcionarios judiciales, personal de hospitales, centros de salud, etc; c) conformación de Redes Municipales en todo el territorio provincial para la prevención de la violencia y la implementación de mayores recursos de atención a las victimas (teléfonos de urgencia, refugios, etc) d) Implementación de protocolos de atención de las victimas en los ámbitos de salud y judiciales. e) Campañas en los medios de comunicación dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres.Entre las segundas, remarca: a) la Vigencia del Programa Nacional de Salud Reproductiva b) Implementación de la Educación Sexual en las escuelas c) Garantizar el acceso de todos y todas a la anticoncepción segura y gratuita. d) Acceso irrestricto y sin autorización legal en el territorio provincial al aborto no punible establecido en el Código. Penal. Aprobación de protocolos de atención que lo garanticen. e) Capacitación del personal de salud en la atención. f) Implementación de Consejerías de salud sexual y reproductiva en el territorio provincial. g) Campañas en los medios sobre derechos sexuales y reproductivos. Para Gabarra las expectativas no son muy grandes “ya que los/las candidatos/as, salvo honrosas excepciones, no han hablado de estos temas en su campaña.” A nivel nacional, confía en que “el próximo gobierno nacional seguirá en la misma línea que el actual, donde se han producido algunos cambios favorables a los derechos de las mujeres.” La mirada está puesta en la composición del próximo Parlamento Nacional, “donde esperamos se apruebe una ley que reconozca el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.” Pueblos originarios La lucha de las comunidades originarias de norte a sur en el país es histórica. El reclamo por la posesión de tierras que les perteneces por historia y herencia es eterno y cada vez más ignorado por los gobernantes de turno. Esto no solo sucede a nivel nacional, sino también, en el ámbito de la provincia de Santa Fe, donde se repiten situaciones de desalojo de tierras donde viven comunidades indígenas. A pesar de esto, ha habido avances que los referentes de las comunidades destacan, entre ellos, la importancia de contar con el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS), dirigido por los representantes de diversas comunidades. Este nuevo órgano conformado recientemente es una esperanza que se abre para el reconocimiento de los derechos indígenas. Cristina Choque integra la Asociación Indígena de Rosario. Para ella las principales demandas tienen que ver con un mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades. Para esto es fundamental que se contemplen las necesidades de los pueblos originarios y que en el diseño de políticas públicas participen referentes de las comunidades, quienes son los que conocen verdaderamente la realidad dura en la que viven. Mencionó la necesidad de brindar posibilidades de trabajo, educación, salud, “mejorar los barrios, la atención en los centros de salud con mayor amplitud horaria, la infraestructura de las viviendas en los barrios, con cloacas, calles y agua”. En el plano educativo reclamo que haya una “participación de los docentes en las políticas educativas, como también en la cultura.” En otras palabras, “que se cumpla verdaderamente lo establecido en la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17.” Para Cristina los gobernantes deberían escuchar “lo que quiere la gente” y que haya una verdadera integración “respetuosa”, es decir, “que se nos respeten como somos, como originarios, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser”. “Tenemos esperanzas que nos escuchen, que haya cambios, mayor trabajo y que se cumplan para nuestros ancianos jubilación y pensión, tengo fe que nos vuelvan a escuchar”, concluía Cristina Choque. Medio ambienteEl pasado 17 de agosto, más de 30 organizaciones sociales presentaron a los candidatos una “Agenda Socioambiental para Santa Fe” en la que se incluye un breve diagnóstico y propuestas concretas sobre temas como participación, modelo productivo, ordenamiento territorial, biodiversidad, desarrollo local, energía, agua y áreas urbanas. La agenda exige mecanismos de participación pública y el acceso a la información, como derechos y pilares fundamentales de la democracia, con vista a la nueva gestión provincial de gobierno. En este sentido, dialogamos con Elba Stancich, integrante del Taller Ecologista de Rosario. “En todos los niveles, si bien hay avances desde los mismos organigramas de las estructuras de gobierno, el tema ambiental sigue siendo sectorial y no se percibe como un aspecto que es necesariamente transversal. Eso se vio claramente en Rosario en ocasión de debatirse el Código Urbano para el área central y primer anillo perimetral.” Entre las demandas pendientes que aun no han sido resueltas en el plano municipal meciona la problemática de los residuos y el transporte. “En en el tema residuos la porción que se recicla es menor a un 5%, una meta sumamente pobre, y tampoco se supo implementar la recolección diferenciada de residuos domésticos peligrosos.Da la sensación que la gestión socialista teme tomar medidas que pueden resultar antipáticas para cierta franja de la población, falta mayor osadía para resolver estos problemas.” En la perspectiva provincial, la integrante del Taller Ecologista hace una fuerte crítica al modelo agroexportador que se incentiva y que atenta con las políticas de conservación de suelos, protección de montes nativos y cursos de agua, utilización de agrotóxicos, fertilizantes minerales que impactan directamente en la salud de la población. “Hay tibios giros para promover la producción limpia en las industrias, pero todavía hay mucho por hacer en este sector.” “El cumplimiento de las políticas ambientales demandadas, se lograrán en la medida que aumente una masa crítica de la población exigiendo esas demandas, no esperamos que sean por voluntad propia y espontánea de quienes ganen las elecciones”, opina Stancih en referencia a las perspectivas futuras ante el nuevo gobierno. A nivel nacional, el eje esta puesto en la mineria y el conflicto de Gualeguaychu, “que empujó al Presidente Kirchner a volver a jerarquizar el área ambiental como una Secretaría de Estado (De La Rua la había desjerarquizado y situado dentro del Ministerio de Salud), y nombrar a una funcionaria con antecedentes en una ONG, en una clara maniobra para posicionarse frente al conflicto y neutralizarlo.” Pero en este sentido, Stancich remarca que “el discurso de que lo ambiental se constituiría en política de Estado, ya nadie lo cree: la minería sigue siendo arrasadora, la Ley de Bosques lleva más de un año de discusión, se relanza el Plan Nuclear de la dictadura, se sube el nivel del embalse de la represa de Yacyretá, se apoya la construcción de más represas como Corpus en el río Paraná y Garabí y Roncador en el río Uruguay. Son muestras más que suficientes que la política desarrollista de este Gobierno no es compatible con el cuidado del ambiente.” Derecho a la Comunicación Hace pocos días el Sindicato de Prensa Rosario impulsó una convocatoria abierta a todos los candidatos de gobierno para conocer su posición respecto del postergado proyecto de ley de acceso a la información pública. De la misma participaron numerosos funcionarios/as, legisladore/as, concejales y candidatos/as. Pero más numerosas aún fueron las organizaciones sociales de la provincia que adhirieron a la iniciativa y participaron de la presentación. Todos los candidatos consultados manifestaron su compromiso con el impulso de la ley. “La información no es propiedad de los periodistas, de los medios, ni de los funcionarios. Es un derecho humano. Por eso nuestro hincapié en que haya una ley”, remarcaba Alicia Salinas, integrante de la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico en la presentación de la campaña “Queremos saber”, impulsada por el Sindicato. Consultado al respecto, Claudio De Luca espera la implementación de la Ordenanza N° 7249 / 2001 que reglamenta el acceso a la Información Pública. A nivel municipal y provincial reclama que “se establezcan criterios que conlleven a una equitativa asignacion de publicidad oficial en todos los medios, ya sea nacional, provincial, municipal o barrial. La sanción de una ley que haga posible el acceso a la información pública es desde hace muchos años una deuda que los legisladores provinciales tienen con los santafesinos.” De Luca sabe y reconoce que la lucha no es fácil. “Quién tenga la posibilidad de ser el próximo Gobernador/a no tendrá estos temas como prioritarios en su agenda. Habrá que seguir sumando voces y esfuerzo en reclamo por acceder a la información que se genera en el ámbito de los tres poderes del Estado.” En el marco nacional, también se observa la necesidad de la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública para que “no se retacee la información proveniente del estado, que las y los periodistas podamos acceder a los funcionarios para requerir respuestas a nuestras inquietudes”, expresa Claudio De Luca. Y el reclamo de todas las organizaciones y medios de comunicación independientes recala, sobretodo, en la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión. Esta es, para De Luca, otra de las grandes deudas de la democracia. Es necesario que esta ley “contemple las necesidades de toda la sociedad, como el derecho de las entidades intermedias a tener su propia frecuencia de radio o televisión.”. Trabajo sexual y Movimiento LGTB A.M.M.A.R en Rosario representa a las trabajadoras sexuales que luchan diariamente para defender sus derechos ante la violencia policial e institucional. Uno de los reclamos que actualmente estan llevando adelante tiene que ver con la derogación del Código de Faltas. Es precisamente lo que, desde la organización, repudian ante el gobierno provincial, que presentó un proyecto de reforma del Código en los artículos 83, 93 y 87. Lo que reclaman desde hace tiempo las trabajadores sexuales nucleadas en A.M.M.A.R es la derogación de este Código y no una modificación que continúa avalando el avasallamiento de la policia y penalizando y persiguiendo el trabajo sexual. En este sentido, Claudia Lucero en diálogo con enREDando nos decia: “nosotros queremos libertad de trabajo, que la policia no nos venga a coimear, sino que nos cuide. Nosotros fuimos en varias oportunidades a Santa Fe y les dijimos que no queremos reforma. Queremos derogación. Se sigue castigando el trabajo callejero y las chicas terminan trabajando puertas adentro y terminan siendo explotadas.” Lucero confía en la lucha de todas sus compañeras, no solo por la derogación del Código sino también por el esclarecimiento del asesinato de Sandra Cabrera que todavía sigue impune. Para Guillermo Lovagnini de la Asociación Vox, el nuevo proyecto de reforma del Código de Faltas es un disfraz progresista. “En el artículo 95 proponen la tranquilidad pública, que con eso se puede hacer cualquier cosa, reprimir cualquier cosa, por eso salimos a protestar.” Desde la Asociación entregaron una encuesta a todos los candidatos/as de gobierno, entre los cuales, muchos de ellos no respondieron. Solo obtuvieron respuesta del Frente Progresista Cívico y Social y La Nueva Izquierda. La encuesta tiene por objetivo conocer las opiniones de las candidatas y candidatos sobre diversas reivindicaciones que el movimiento LGBT viene planteando en diversos ámbitos del Gobierno Provincial y entre las preguntas se planteaba la derogación de los Códigos de Faltas, la promulgación de una Ley de Unión Estable de Parejas que otorgue en el ámbito de competencia provincial derechos similares a los del matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo, entre otras. Frente a estas grandes demandas y muchas otras más que desde diferentes campos sociales se vienen llevando adelante con esfuerzo, convicción, lucha y un trabajo permanente las próximas elecciones se presentan como una oportunidad más para demostrar qué es lo que están dispuestos a escuchar los próximos gobernantes. Para agendar hay mucho y para hacer, todavía más.
Elecciones en Santa FeLas deudas pendientesEn el marco de las elecciones en la provincia de Santa Fe, enREDando consultó a referentes de diversas organizaciones sociales sobre las grandes deudas pendientes que los tres niveles de gobierno deben agendar para responder a las demandas del campo popular. Expectativas, luchas, reclamos y perspectivas ante un nuevo escenario político. La provincia de Santa Fe recurrirá a las urnas una vez más para elegir a sus candidatos de gobierno. Las próximas elecciones generan expectativas ante nuevos escenarios políticos que se definirán a través del voto de la ciudadanía, aunque esto no implique necesariamente, una renovación que el campo popular espera desde hace tiempo. Las demandas y reclamos que desde las organizaciones sociales se vienen llevando adelante, más allá de la coyuntura eleccionaria, son genuinos y necesarios. Son, sobretodo, expresiones populares, ciudadanas y conjuntas que luchan y se hacen oir ante cada nuevo horizonte político que se presenta a nivel nacional, provincial y municipal. La necesidad de establecer políticas de Estado que favorezcan y respondan a las necesidades de las mayorías es la gran deuda pendiente, el desafío a construir y el reclamo histórico de todas las organizaciones. Cada una, desde su lugar y su lucha, trabaja por generar espacios de participación que incidan en las políticas públicas, que influyan en la agenda política de los candidatos a gobierno y que de una vez por todas, sean valorados por quienes dicen llevar adelante procesos de cambio y transformación, más allá de los tintes partidarios. enREDando se acercó y consultó a referentes de organismos y organizaciones sociales, que desde diferentes perspectivas dan cuenta de las demandas pendientes, las perspectivas futuras y el análisis que a nivel nacional enmarca lo que en los próximos días se definirá en la arena política de Santa Fe. Derechos humanosEn el campo de los derechos humanos consultamos a Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y a Oscar Lupori, coordinador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Norma Ríos señaló que en la ciudad, y esto se evidenció con la protesta realizada en la Plaza San Martín por la CCC, hay “300.000 personas viviendo sin trabajo, con planes trabajar o changas esporádicas bajo la línea de pobreza o de la indigencia, con la máxima precariedad, sin agua potable, sin viviendas, con una educación desvastada y sin posibilidades reales de inserción social”. En este sentido, “el panorama no es muy optimista y allí se está violando el derecho humano elemental que es el derecho a tener una vida con dignidad.” Por otra parte, remarcó situaciones comunes de carencia que se viven a nivel provincial y municipal como la solución al problema de los inundados, donde la realidad es muchísima más grave en Santa Fe, a las vivienda y posesión de las tierras, a la contención infanto - juvenil (clubes, planes de trabajos, estudios, aprendizaje de oficios alimentación) “y otras carencias producto del ejercicio del gobierno de la provincia desde hace 24 años por un signo político, que tiene entre sus prioridades, los negocios personales productivos de sus miembros.” Denunció, en este aspecto, carencias de medidas políticas, “planes, proyectos que sean una solución para el pueblo, porque la indiferencia también es una política activa.” Estas ausencias de políticas se evidencian en la educación “no solo de nivel, contenidos y salarios de los educadores y trabajadores no docentes, sino también, la tristísima situación edilicia de las escuelas”. En Salud, “la situación de hospitales, médicos y medicamentos sin cargo (integral).” Además, “una falta de profundización y avance de los juicios sobre el Terrorismo de estado y las tres AAA, la protección de mujeres y niños contra la violencia social/familiar, para resolver y terminar con los casos de gatillo fácil, incluidos los juicios de diciembre 2001, para terminar o al menos comenzar a enfrentar seriamente el tema de la policía que maneja la prostitución infantil, el juego clandestino y el trafico de drogas (se denuncian entre ellos), para revertir una situación en cárceles que apuesta a la pena de muerte de hecho, nunca a la re socialización de los detenidos. Y terminar con la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta.” Con respecto a las expectativas que generan estas elecciones, particularmente en Santa Fe, la militante de APDH cree que “si bien se plantean posibles cambios, aparecen más como discursos de campaña que como políticas reales. Un signo político diferente gobernando en la provincia crea expectativas, pero los condicionamientos reales de años de entrega, corrupción y negocios sucios, crean un condicionamiento real para cualquier gobierno futuro.” Y en este aspecto, sostiene que “la carencia fundamental para conseguir lo planteado como necesidades, es la falta de protagonismo popular en las decisiones de fondo. Falta la unidad, la organización, el pensamiento conjunto popular, que le dé carnadura a una política de cambios profundos.” La gran expectativa esta depositada en que los nuevos gobernantes, como plantea Ríos, “estén a la altura de las circunstancias, porque para eso se candidatean y quieren ganar la elecciones, o soportarán la resistencia popular, que aún con muchas dificultades, no cesa de avanzar.” A nivel nacional, la realidad planteada por la presidenta de APDH se agudiza aún más “en un país que comenzó un plan social, político y económico sobre la base de un genocidio que permitió su implementación”. Se refirió puntualmente a la concentración y acumulación de la riqueza como “la madre de los peores males”. Y remarcó, en primer lugar, “la impunidad más generalizada y naturalizada, en todos los planos. Sin una distribución equitativa de los bienes que se producen, podrás comer más, menos o nada, y/o todos los días, pero tus derechos humanos están vulnerados desde la raíz”, opina Norma Ríos. Su crítica al gobierno nacional es contundente y en este aspecto mencionó y recordó “los asesinatos políticos (Fuentealba y otros), las agresiones al pueblo (Varizat, represiones varias), la desaparición de Julio López luego de la primer sentencia en 30 años a un genocida y los presos políticos como datos de la realidad cotidiana.” Oscar Lupori, referente del MEDH y militante de los derechos humanos también se expresó al respecto, coincidiendo con Norma Ríos en muchos de sus reclamos. A nivel provincial subrayó la necesidad de “reorganizar institucionalmente el Estado con: una reforma constitucional en acuerdo a las declaraciones, pactos y convenciones de DDHH leídos a la luz de las postulaciones de los Movimientos sociales de DDHH, Ecologistas, de Género, de Desempleados, de Nuevo Sindicalismo, de Nuevas Expresiones Artísticas y uso de NTICs, consultando a las organizaciones sociales que los integran; leyes que reorganicen el Estado, hacia una democracia participativa y la justicia social, quitándole los resabios del terrorismo-neoliberalismo como: autoritarismo-centralismo-corrupción: revisar el poder judicial que carga con muchas denuncias, la composición y funcionamiento del ejecutivo (por ejemplo en su ministerios de gobierno y economía, en sus secretarías de seguridad, de trabajo y medio ambiente, reforma policial y del sistema penitenciario, concluir con los trabajos estatales por contrato, blanquear los salarios y tomar medidas contra el trabajo en negro)”. Para Lupori es fundamental pasar de la retórica y colaborar operativamente con: “los juicios por la verdad, la justicia y la reparación; concluir con la obstaculización de justicia por las muertes del 19 y 20 de diciembre del 2001 y las inundaciones de Santa Fe; la memoria activa, la educación en y para los DDHH y una comunicación en acuerdo a la dignidad humana”. En ese sentido, mencionó la ley de educación en DDHH para que sea reglamentada, la ley sobre el derecho a la información y “asumir en serio la ley nacional de defensa integral de los derechos de l@s niñ@s y de l@s adolescentes; una política y legislación operativa de defensa del medio ambiente en una provincia con denuncias de norte a sur sin ser atendidas”. Además, la necesidad de establecer “políticas de seguridad ciudadana integral, caracterizada por ser de cuidado de la vida, de posibilidad de futuro. Por tanto que luche y trabaje contra el modelo de la exclusión, las precarizaciones y el narcotráfico”. A nivel municipal, Lupori reclama una “autonomía municipal para una política económica social de tipo solidaria que haga al desarrollo humano local.” Y que se trabaje a favor de una “integración urbana de los asentamientos precarios de diferente conformación; un plan estratégico urbano con sentido de cuidado de la vida frente a los riesgos de la vida urbana y previsor de posibles catástrofes; entendimientos entre vecinos, entre trabajadores ante el aumento de conflictos por intereses de paisajes y hábitat, por diversiones y tranquilidad, luchas sociales y molestias mediante asunción pronta de los reclamos, audiencias públicas”. Es decir, "potenciar los canales de participación ciudadano, perfeccionando el presupuesto participativo, el consejo municipal en los distritos, los foros sociales.”, entre otras demandas que involucra el fin de los trabajos con contratos y perfeccionamiento de becas. Las expectativas de un nuevo gobierno bajo el mismo signo político que actualmente gobierna la provincia no son muchas. Síntoma de ello menciona el clientelismo existente, el déficit habitacional, problemas en educación, inundaciones, medioambiente, la obstaculización de numerosas causas judiciales, la falta de reglamentación de una Ley de DD.HH impulsada por el MEDH, la precarización laboral en la Secretaría de DD.HH, entre otros. “Espero que la elección posibilite un gobierno que trabaje con voluntad en este sentido.” En el plano municipal, reclama al socialismo una profundización de las políticas que enuncia. En el marco nacional, Oscar Lupori destaca las acciones del gobierno en materia de derechos humanos. Sin embargo, aclara, “no se nota la misma decisión respecto a los mentores económicos de ese terrorismo. Pero llama más la atención que no asuma resueltamente las causas del presente ( por ejemplo la represión sangrienta del 2001, la represión en el puente Pueyrredón, las inundaciones en Santa Fe, la muerte de Fuentealba, lo de Varizat en Río Gallegos, y que cuente entre sus aliados a personas acusadas como Reuteman”). Para el referente del MEDH no es solo cuestión de “encarar lo del pasado en la medida que sus protagonistas pierden poder y no enfrentar a los grupos de personas con poder que protagonizan violaciones actuales.” Género El Movimiento de mujeres, desde diferentes espacios sociales y organizaciones, trabaja por un reconocimiento de los derechos vulnerados históricamente. En este aspecto, enREDando consultó a Mabel Gabarra de Indeso y Viviana Della Siega de Insgenar. Para Della Siega, las demandas a nivel provincial y municipal tienen que ver con “la aplicación de un protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación para el tratamiento adecuado de las mujeres que llegan a los efectores de salud por problemas causados por un aborto; que se realicen sin problemas las ligaduras tubarias y vasectomías en los efectores públicos, tal como lo establece la ley y que no se judicialicen los aborto nos punibles establecidos por nuestro Código Penal.” Remarcó la necesidad de que “se aumente el número de refugios para las mujeres que padecen violencia en razón del género” y a nivel provincial, específicamente, esperan que se cree “la Secretaría de la Mujer, se establezca el Plan de Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres; se cumpla con la ley de educación sexual capacitando masivamente a docentes y se eduque en derechos humanos con perspectiva de género.” La expectativa a nivel nacional está puesta en la creación de un “Ministerio de la Mujer, que se transversalice la perspectiva de género en todas las políticas públicas, que se realicen campañas permanentes en torno a estos temas, que se legalice el aborto gratuito y seguro; que se adecuen todas las normativas locales a lo que establecen los pactos internacionales en cuanto al cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres; que se introduzca la perspectiva de género en la formación de los profesionales especialmente del derecho y de todas las ramas de la medicina.” Mabel Gabarra coincide en el planteo de éstas demandas y profundiza en la necesidad de generar políticas públicas de prevención y atención de violencia contra las mujeres y que aseguren la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el ámbito provincial. Entre las primeras destaca: a) las establecidas en la ley de violencia familiar vigente y que deben ser implementadas por los Ministerios de Salud, Educación y Gobierno de la Provincia de Santa Fe, b) capacitación de los/las agentes públicos directamente involucrados/as con la atención de las víctimas de violencia familiar (policia, funcionarios judiciales, personal de hospitales, centros de salud, etc; c) conformación de Redes Municipales en todo el territorio provincial para la prevención de la violencia y la implementación de mayores recursos de atención a las victimas (teléfonos de urgencia, refugios, etc) d) Implementación de protocolos de atención de las victimas en los ámbitos de salud y judiciales. e) Campañas en los medios de comunicación dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres.Entre las segundas, remarca: a) la Vigencia del Programa Nacional de Salud Reproductiva b) Implementación de la Educación Sexual en las escuelas c) Garantizar el acceso de todos y todas a la anticoncepción segura y gratuita. d) Acceso irrestricto y sin autorización legal en el territorio provincial al aborto no punible establecido en el Código. Penal. Aprobación de protocolos de atención que lo garanticen. e) Capacitación del personal de salud en la atención. f) Implementación de Consejerías de salud sexual y reproductiva en el territorio provincial. g) Campañas en los medios sobre derechos sexuales y reproductivos. Para Gabarra las expectativas no son muy grandes “ya que los/las candidatos/as, salvo honrosas excepciones, no han hablado de estos temas en su campaña.” A nivel nacional, confía en que “el próximo gobierno nacional seguirá en la misma línea que el actual, donde se han producido algunos cambios favorables a los derechos de las mujeres.” La mirada está puesta en la composición del próximo Parlamento Nacional, “donde esperamos se apruebe una ley que reconozca el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.” Pueblos originarios La lucha de las comunidades originarias de norte a sur en el país es histórica. El reclamo por la posesión de tierras que les perteneces por historia y herencia es eterno y cada vez más ignorado por los gobernantes de turno. Esto no solo sucede a nivel nacional, sino también, en el ámbito de la provincia de Santa Fe, donde se repiten situaciones de desalojo de tierras donde viven comunidades indígenas. A pesar de esto, ha habido avances que los referentes de las comunidades destacan, entre ellos, la importancia de contar con el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS), dirigido por los representantes de diversas comunidades. Este nuevo órgano conformado recientemente es una esperanza que se abre para el reconocimiento de los derechos indígenas. Cristina Choque integra la Asociación Indígena de Rosario. Para ella las principales demandas tienen que ver con un mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades. Para esto es fundamental que se contemplen las necesidades de los pueblos originarios y que en el diseño de políticas públicas participen referentes de las comunidades, quienes son los que conocen verdaderamente la realidad dura en la que viven. Mencionó la necesidad de brindar posibilidades de trabajo, educación, salud, “mejorar los barrios, la atención en los centros de salud con mayor amplitud horaria, la infraestructura de las viviendas en los barrios, con cloacas, calles y agua”. En el plano educativo reclamo que haya una “participación de los docentes en las políticas educativas, como también en la cultura.” En otras palabras, “que se cumpla verdaderamente lo establecido en la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17.” Para Cristina los gobernantes deberían escuchar “lo que quiere la gente” y que haya una verdadera integración “respetuosa”, es decir, “que se nos respeten como somos, como originarios, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser”. “Tenemos esperanzas que nos escuchen, que haya cambios, mayor trabajo y que se cumplan para nuestros ancianos jubilación y pensión, tengo fe que nos vuelvan a escuchar”, concluía Cristina Choque. Medio ambienteEl pasado 17 de agosto, más de 30 organizaciones sociales presentaron a los candidatos una “Agenda Socioambiental para Santa Fe” en la que se incluye un breve diagnóstico y propuestas concretas sobre temas como participación, modelo productivo, ordenamiento territorial, biodiversidad, desarrollo local, energía, agua y áreas urbanas. La agenda exige mecanismos de participación pública y el acceso a la información, como derechos y pilares fundamentales de la democracia, con vista a la nueva gestión provincial de gobierno. En este sentido, dialogamos con Elba Stancich, integrante del Taller Ecologista de Rosario. “En todos los niveles, si bien hay avances desde los mismos organigramas de las estructuras de gobierno, el tema ambiental sigue siendo sectorial y no se percibe como un aspecto que es necesariamente transversal. Eso se vio claramente en Rosario en ocasión de debatirse el Código Urbano para el área central y primer anillo perimetral.” Entre las demandas pendientes que aun no han sido resueltas en el plano municipal meciona la problemática de los residuos y el transporte. “En en el tema residuos la porción que se recicla es menor a un 5%, una meta sumamente pobre, y tampoco se supo implementar la recolección diferenciada de residuos domésticos peligrosos.Da la sensación que la gestión socialista teme tomar medidas que pueden resultar antipáticas para cierta franja de la población, falta mayor osadía para resolver estos problemas.” En la perspectiva provincial, la integrante del Taller Ecologista hace una fuerte crítica al modelo agroexportador que se incentiva y que atenta con las políticas de conservación de suelos, protección de montes nativos y cursos de agua, utilización de agrotóxicos, fertilizantes minerales que impactan directamente en la salud de la población. “Hay tibios giros para promover la producción limpia en las industrias, pero todavía hay mucho por hacer en este sector.” “El cumplimiento de las políticas ambientales demandadas, se lograrán en la medida que aumente una masa crítica de la población exigiendo esas demandas, no esperamos que sean por voluntad propia y espontánea de quienes ganen las elecciones”, opina Stancih en referencia a las perspectivas futuras ante el nuevo gobierno. A nivel nacional, el eje esta puesto en la mineria y el conflicto de Gualeguaychu, “que empujó al Presidente Kirchner a volver a jerarquizar el área ambiental como una Secretaría de Estado (De La Rua la había desjerarquizado y situado dentro del Ministerio de Salud), y nombrar a una funcionaria con antecedentes en una ONG, en una clara maniobra para posicionarse frente al conflicto y neutralizarlo.” Pero en este sentido, Stancich remarca que “el discurso de que lo ambiental se constituiría en política de Estado, ya nadie lo cree: la minería sigue siendo arrasadora, la Ley de Bosques lleva más de un año de discusión, se relanza el Plan Nuclear de la dictadura, se sube el nivel del embalse de la represa de Yacyretá, se apoya la construcción de más represas como Corpus en el río Paraná y Garabí y Roncador en el río Uruguay. Son muestras más que suficientes que la política desarrollista de este Gobierno no es compatible con el cuidado del ambiente.” Derecho a la Comunicación Hace pocos días el Sindicato de Prensa Rosario impulsó una convocatoria abierta a todos los candidatos de gobierno para conocer su posición respecto del postergado proyecto de ley de acceso a la información pública. De la misma participaron numerosos funcionarios/as, legisladore/as, concejales y candidatos/as. Pero más numerosas aún fueron las organizaciones sociales de la provincia que adhirieron a la iniciativa y participaron de la presentación. Todos los candidatos consultados manifestaron su compromiso con el impulso de la ley. “La información no es propiedad de los periodistas, de los medios, ni de los funcionarios. Es un derecho humano. Por eso nuestro hincapié en que haya una ley”, remarcaba Alicia Salinas, integrante de la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico en la presentación de la campaña “Queremos saber”, impulsada por el Sindicato. Consultado al respecto, Claudio De Luca espera la implementación de la Ordenanza N° 7249 / 2001 que reglamenta el acceso a la Información Pública. A nivel municipal y provincial reclama que “se establezcan criterios que conlleven a una equitativa asignacion de publicidad oficial en todos los medios, ya sea nacional, provincial, municipal o barrial. La sanción de una ley que haga posible el acceso a la información pública es desde hace muchos años una deuda que los legisladores provinciales tienen con los santafesinos.” De Luca sabe y reconoce que la lucha no es fácil. “Quién tenga la posibilidad de ser el próximo Gobernador/a no tendrá estos temas como prioritarios en su agenda. Habrá que seguir sumando voces y esfuerzo en reclamo por acceder a la información que se genera en el ámbito de los tres poderes del Estado.” En el marco nacional, también se observa la necesidad de la sanción de una Ley de Acceso a la Información Pública para que “no se retacee la información proveniente del estado, que las y los periodistas podamos acceder a los funcionarios para requerir respuestas a nuestras inquietudes”, expresa Claudio De Luca. Y el reclamo de todas las organizaciones y medios de comunicación independientes recala, sobretodo, en la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión. Esta es, para De Luca, otra de las grandes deudas de la democracia. Es necesario que esta ley “contemple las necesidades de toda la sociedad, como el derecho de las entidades intermedias a tener su propia frecuencia de radio o televisión.”. Trabajo sexual y Movimiento LGTB A.M.M.A.R en Rosario representa a las trabajadoras sexuales que luchan diariamente para defender sus derechos ante la violencia policial e institucional. Uno de los reclamos que actualmente estan llevando adelante tiene que ver con la derogación del Código de Faltas. Es precisamente lo que, desde la organización, repudian ante el gobierno provincial, que presentó un proyecto de reforma del Código en los artículos 83, 93 y 87. Lo que reclaman desde hace tiempo las trabajadores sexuales nucleadas en A.M.M.A.R es la derogación de este Código y no una modificación que continúa avalando el avasallamiento de la policia y penalizando y persiguiendo el trabajo sexual. En este sentido, Claudia Lucero en diálogo con enREDando nos decia: “nosotros queremos libertad de trabajo, que la policia no nos venga a coimear, sino que nos cuide. Nosotros fuimos en varias oportunidades a Santa Fe y les dijimos que no queremos reforma. Queremos derogación. Se sigue castigando el trabajo callejero y las chicas terminan trabajando puertas adentro y terminan siendo explotadas.” Lucero confía en la lucha de todas sus compañeras, no solo por la derogación del Código sino también por el esclarecimiento del asesinato de Sandra Cabrera que todavía sigue impune. Para Guillermo Lovagnini de la Asociación Vox, el nuevo proyecto de reforma del Código de Faltas es un disfraz progresista. “En el artículo 95 proponen la tranquilidad pública, que con eso se puede hacer cualquier cosa, reprimir cualquier cosa, por eso salimos a protestar.” Desde la Asociación entregaron una encuesta a todos los candidatos/as de gobierno, entre los cuales, muchos de ellos no respondieron. Solo obtuvieron respuesta del Frente Progresista Cívico y Social y La Nueva Izquierda. La encuesta tiene por objetivo conocer las opiniones de las candidatas y candidatos sobre diversas reivindicaciones que el movimiento LGBT viene planteando en diversos ámbitos del Gobierno Provincial y entre las preguntas se planteaba la derogación de los Códigos de Faltas, la promulgación de una Ley de Unión Estable de Parejas que otorgue en el ámbito de competencia provincial derechos similares a los del matrimonio para las parejas entre personas del mismo sexo, entre otras. Frente a estas grandes demandas y muchas otras más que desde diferentes campos sociales se vienen llevando adelante con esfuerzo, convicción, lucha y un trabajo permanente las próximas elecciones se presentan como una oportunidad más para demostrar qué es lo que están dispuestos a escuchar los próximos gobernantes. Para agendar hay mucho y para hacer, todavía más.
martes, 28 de agosto de 2007
COMUNICADO COMISION POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS
: VOLANTE DE LA COMISIÓN POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
>Date: Thu, 23 Aug 2007 08:54:18 -0300
>
> Desde la Comisión por las Libertades Democráticas de Rosario repudiamos los graves hechos de Santa Cruz, en los que el ex ministro Varizat, -claro exponente del kirchnerismo- descarga su furia homicida contra los compañeros docentes que se hallaban manifestando contra el gobierno de esa Provincia. Como ayer en Neuquén con el asesinato de Fuentealba, nuevamente en Santa Cruz se expresa el odio de las oligarquías gobernantes contra quienes luchan y se movilizan por sus derechos. Repudiamos las detenciones ilegales del abogado defensor de los derechos humanos David Leiva, y de Armando Jaime y otros compañeros del MOCEP en Salta.
>Ante la salvaje represión contra quienes se manifestaron ayer en Buenos Aires en homenaje a los mártires de Trelew y en repudio a los hechos de Santa Cruz, nos solidarizamos con los compañeros detenidos, exigimos su inmediata liberación y el urgente desprocesamiento de los miles de imputados o procesados por luchar. Estos hechos son una expresión más de la persecución que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales desatan contra todos aquellos que se organizan y luchan contra la explotación, la injusticia y la impunidad.
>Por todo ello, convocamos a todos los sectores populares a movilizarnos en todo el país por:
>* La inmediata libertad y desprocesamiento para todos los detenidos de Buenos Aires y para todos los presos políticos!!
>* Por la aparición con vida del compañero Jorge Julio López ¡!
>* Contra la represión y la impunidad de los gobernantes nacionales y provinciales!!
>* Juicio y castigo para Varizat y para todos los responsables del asesinato del compañero Carlos Fuentealba!!
>
>COMISIÓN POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS DE ROSARIO
>Date: Thu, 23 Aug 2007 08:54:18 -0300
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> Desde la Comisión por las Libertades Democráticas de Rosario repudiamos los graves hechos de Santa Cruz, en los que el ex ministro Varizat, -claro exponente del kirchnerismo- descarga su furia homicida contra los compañeros docentes que se hallaban manifestando contra el gobierno de esa Provincia. Como ayer en Neuquén con el asesinato de Fuentealba, nuevamente en Santa Cruz se expresa el odio de las oligarquías gobernantes contra quienes luchan y se movilizan por sus derechos. Repudiamos las detenciones ilegales del abogado defensor de los derechos humanos David Leiva, y de Armando Jaime y otros compañeros del MOCEP en Salta.
>Ante la salvaje represión contra quienes se manifestaron ayer en Buenos Aires en homenaje a los mártires de Trelew y en repudio a los hechos de Santa Cruz, nos solidarizamos con los compañeros detenidos, exigimos su inmediata liberación y el urgente desprocesamiento de los miles de imputados o procesados por luchar. Estos hechos son una expresión más de la persecución que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales desatan contra todos aquellos que se organizan y luchan contra la explotación, la injusticia y la impunidad.
>Por todo ello, convocamos a todos los sectores populares a movilizarnos en todo el país por:
>* La inmediata libertad y desprocesamiento para todos los detenidos de Buenos Aires y para todos los presos políticos!!
>* Por la aparición con vida del compañero Jorge Julio López ¡!
>* Contra la represión y la impunidad de los gobernantes nacionales y provinciales!!
>* Juicio y castigo para Varizat y para todos los responsables del asesinato del compañero Carlos Fuentealba!!
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>COMISIÓN POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS DE ROSARIO
martes, 7 de agosto de 2007
¿ Que es la ley Antiterrorista?
¿Es una ley para atrapar a los que volaron la AMIA?
¿Para evitar atentados de Bin Laden?
No, la Ley Antiterrorista, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, es una herramienta legal para encarcelar a gente como usted, como a cualquier trabajador y cualquier luchador social o militante político. El gobierno kirchnerista apuró su sanción obedeciendo a las exigencias de Estados Unidos. El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que responde a los intereses del Departamento de Estado de los EEUU, impuso una fecha límite para que se promulgara, bajo la amenaza de poner a la Argentina en el grupo de países “no confiables” para los inversores externos. Pero al gobierno nacional también le sirve, porque la puede utilizar para perseguir a los que luchan, como en Neuquén, Santa Cruz, Salta, en Baires y a todos los que luchan a lo largo y a lo ancho del país. La ley Antiterrorista no está pensada para encarcelar a los culpables de la masacre en la AMIA, ni para prevenir otros atentados. Como su mismo texto lo dice, servirá para castigar a quienes realicen actividades cuyos objetivos sean “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir que cualquier protesta contra este gobierno o los que lo sucedan, o contra cualquier organismo internacional (FMI, Banco Mundial, los grandes monopolios y empresas multinacionales, etc) podrá ser reprimida y sus participantes podrán ser acusados de “terroristas”, con penas de entre 5 y 20 años de prisión. Será considerada “terrorista”, toda organización que propague el “odio político”, que “disponga de cualquier medio idóneo que pueda poner en riesgo la integridad de las personas” y que tenga “contactos internacionales”. Qué actitudes denoten un “odio político” o cuáles sean los “medios idóneos” para poner en riesgo a las personas, son cuestiones que quedarán al arbitrio de los mismos jueces que hoy tienen procesados a más de cinco mil compañeros, por causas relacionadas con luchas gremiales, sociales y políticas. Por la simple pertenencia o participación en un grupo organizado que reclame por cualquier motivo al Estado o que repudie a estos organismos financieros internacionales (como sucedió con el corralito o con las protestas en las estaciones de Haedo y Constitución), una persona podría ser acusada de “terrorista”. En definitiva, se trata de una ley que en lugar de perseguir a quienes quieran atentar contra el pueblo, servirá para que el Estado intente poner un freno a las luchas populares y a sus reclamos legítimos. Todos somos terroristas según esta nueva ley, hecha a imagen y semejanza de las ambiciones de los EEUU, el Estado más terrorista del mundo.
Por eso decimos:
NO A LA IMPUNIDAD
NO A LA LEY ANTITERRORISTA
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES POPULARES
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES Y POLÍTICOS DEL ASESINATO DE FUENTEALBA
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ
Coordinadora Antirrepresiva del Oeste – Revista Bolívar – Multisectorial “Chau Pozo”- CORREPI SUR – Patria o Muerte – Coordinadora de Ocupados y Desocupados C.O.D – PRT Santucho – PR (ml)
¿Para evitar atentados de Bin Laden?
No, la Ley Antiterrorista, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, es una herramienta legal para encarcelar a gente como usted, como a cualquier trabajador y cualquier luchador social o militante político. El gobierno kirchnerista apuró su sanción obedeciendo a las exigencias de Estados Unidos. El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que responde a los intereses del Departamento de Estado de los EEUU, impuso una fecha límite para que se promulgara, bajo la amenaza de poner a la Argentina en el grupo de países “no confiables” para los inversores externos. Pero al gobierno nacional también le sirve, porque la puede utilizar para perseguir a los que luchan, como en Neuquén, Santa Cruz, Salta, en Baires y a todos los que luchan a lo largo y a lo ancho del país. La ley Antiterrorista no está pensada para encarcelar a los culpables de la masacre en la AMIA, ni para prevenir otros atentados. Como su mismo texto lo dice, servirá para castigar a quienes realicen actividades cuyos objetivos sean “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir que cualquier protesta contra este gobierno o los que lo sucedan, o contra cualquier organismo internacional (FMI, Banco Mundial, los grandes monopolios y empresas multinacionales, etc) podrá ser reprimida y sus participantes podrán ser acusados de “terroristas”, con penas de entre 5 y 20 años de prisión. Será considerada “terrorista”, toda organización que propague el “odio político”, que “disponga de cualquier medio idóneo que pueda poner en riesgo la integridad de las personas” y que tenga “contactos internacionales”. Qué actitudes denoten un “odio político” o cuáles sean los “medios idóneos” para poner en riesgo a las personas, son cuestiones que quedarán al arbitrio de los mismos jueces que hoy tienen procesados a más de cinco mil compañeros, por causas relacionadas con luchas gremiales, sociales y políticas. Por la simple pertenencia o participación en un grupo organizado que reclame por cualquier motivo al Estado o que repudie a estos organismos financieros internacionales (como sucedió con el corralito o con las protestas en las estaciones de Haedo y Constitución), una persona podría ser acusada de “terrorista”. En definitiva, se trata de una ley que en lugar de perseguir a quienes quieran atentar contra el pueblo, servirá para que el Estado intente poner un freno a las luchas populares y a sus reclamos legítimos. Todos somos terroristas según esta nueva ley, hecha a imagen y semejanza de las ambiciones de los EEUU, el Estado más terrorista del mundo.
Por eso decimos:
NO A LA IMPUNIDAD
NO A LA LEY ANTITERRORISTA
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES POPULARES
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES Y POLÍTICOS DEL ASESINATO DE FUENTEALBA
APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ
Coordinadora Antirrepresiva del Oeste – Revista Bolívar – Multisectorial “Chau Pozo”- CORREPI SUR – Patria o Muerte – Coordinadora de Ocupados y Desocupados C.O.D – PRT Santucho – PR (ml)
sábado, 28 de julio de 2007
COMUNICADO DE JUSTICIA YA DE LA PLATA
Juicio al genocida Von Wernich - audiencia del lunes 23
Un sobreviviente contó que "Timerman mencionó haber sido visitado por un sacerdote"
LA PLATA (25jul07) - En la sexta audiencia del juicio oral y público al cura Christian Von Wernich, que se está desarrollando en los juzgados federales de la ciudad de La Plata, declararon el último lunes Silvia Fanjul, Lidia Brodsky de Graiver e Isidoro Graiver, los tres integrantes del grupo empresario Graiver, y que junto a otros miembros de ese grupo fueron secuestrados en marzo de 1977 y trasladados a diversos centros clandestinos de detención.
Los testimonios de los sobrevivientes confirman lo que ya muchos testigos sostuvieron en el marco del juicio, en cuanto a las condiciones de detención, el modus operandi de los grupos de tareas de la dictadura, y especialmente el hecho de que nadie que haya pasado por los centros clandestinos de detención "podía desconocer que ahí se torturaba gente" .
En su paso por "Puesto Vasco" , el "Pozo de Banfield" , el Penal de Magdalena y otros centros de detención, los sobrevivientes se cruzaron con muchos otros detenidos. En el departamento central de la Policía Bonaerense, en el marco de uno de los traslados de que fue víctima, Silvia Fanjul confirmó haber visto a Jacobo Timerman.
A su vez Isidoro Graiver certificó que en las sesiones de tortura que sufrió se veían agravadas por su condición de judío, pero los mismos torturadores le dijeron que "no tanto como Timerman", de quien, por otra parte, supo que "mencionó haber sido visitado por un sacerdote".
Los testimonios también confirmaron algunos de los nombres de los represores que formaban parte de los centros clandestinos de detención mencionados, como Norberto Cozzani, Darío Rojas, Tobiano Fernández y Alberto Rousse, entre otros.
Isidoro Graiver aportó un ejemplo de las torturas y vejaciones a las que eran sometidos los detenidos, al mencionar que, cuando lo llevaron al Penal de Magdalena en pleno invierno, el oficial a cargo, Tobiano Fernández, lo sacó y lo hizo bañar con agua helada, y que lo hacía en esas condiciones "para ver el pito de un judío".
Mañana jueves continúa el juicio, con más testimonios y declaraciones. Desde Justicia YA! en La Plata invitamos a la comunidad a participar de las audiencias que se desarrollan en el edificio de Tribunales, en calle 8 entre 50 y 51 de nuestra ciudad. Para ingresar a la sala (en caso de haber lugar), no es necesario contar con una credencial de acreditación, pero sí es imprescindible concurrir con el DNI.
Nuestra convicción de que en Argentina se perpetró un genocidio durante la última dictadura militar nos obliga a plantear, como ya lo hicimos en el juicio contra el represor Miguel Etchecolaz, que deben ser condenados "todos los genocidas, por todos los compañeros", y no un genocida en particular por una sumatoria de casos individuales. Reafirmamos, como lo hicimos el primer día del juicio a Von Wernich frente al tribunal, que "entiende esta querella unificada que resulta imprescindible la adopción de nuevos criterios probatorios, dado que los delitos que aquí se juzgan fueron parte de un proceso más amplio que vivió la Argentina, un plan sistemático ya probado, un GENOCIDIO cuyas consecuencias planificadas de impunidad alcanzan al día de hoy y tienen como resultado la desaparición de JORGE JULIO LÓPEZ".
La Plata , 25 de Julio de 2007
Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos de La Plata (Ex detenidos-desaparecidos, Familiares y Compañeros).
Integrantes de Justicia Ya! La Plata.
Teléfonos de contacto:
Carlos Zaidman (sobreviviente, querellante en esta causa): (0221) 15-573-1407 Verónica Bogliano (abogada de la querella): (0221) 15-523-4618Guadalupe Godoy (abogada de la querella): (011) 15-5113-1589Myriam Bregman (abogada de la querella): (011) 15-4170-2398Nilda Eloy (sobreviviente, AEDD): (0221) 15-586-5035
LA IMPUNIDAD TIENE CURA
Cárcel a todos los genocidas, Justicia por todos los compañeros!
Juicio al Genocida Von Wernich!
Aparición con vida YA de Jorge Julio López!
Un sobreviviente contó que "Timerman mencionó haber sido visitado por un sacerdote"
LA PLATA (25jul07) - En la sexta audiencia del juicio oral y público al cura Christian Von Wernich, que se está desarrollando en los juzgados federales de la ciudad de La Plata, declararon el último lunes Silvia Fanjul, Lidia Brodsky de Graiver e Isidoro Graiver, los tres integrantes del grupo empresario Graiver, y que junto a otros miembros de ese grupo fueron secuestrados en marzo de 1977 y trasladados a diversos centros clandestinos de detención.
Los testimonios de los sobrevivientes confirman lo que ya muchos testigos sostuvieron en el marco del juicio, en cuanto a las condiciones de detención, el modus operandi de los grupos de tareas de la dictadura, y especialmente el hecho de que nadie que haya pasado por los centros clandestinos de detención "podía desconocer que ahí se torturaba gente" .
En su paso por "Puesto Vasco" , el "Pozo de Banfield" , el Penal de Magdalena y otros centros de detención, los sobrevivientes se cruzaron con muchos otros detenidos. En el departamento central de la Policía Bonaerense, en el marco de uno de los traslados de que fue víctima, Silvia Fanjul confirmó haber visto a Jacobo Timerman.
A su vez Isidoro Graiver certificó que en las sesiones de tortura que sufrió se veían agravadas por su condición de judío, pero los mismos torturadores le dijeron que "no tanto como Timerman", de quien, por otra parte, supo que "mencionó haber sido visitado por un sacerdote".
Los testimonios también confirmaron algunos de los nombres de los represores que formaban parte de los centros clandestinos de detención mencionados, como Norberto Cozzani, Darío Rojas, Tobiano Fernández y Alberto Rousse, entre otros.
Isidoro Graiver aportó un ejemplo de las torturas y vejaciones a las que eran sometidos los detenidos, al mencionar que, cuando lo llevaron al Penal de Magdalena en pleno invierno, el oficial a cargo, Tobiano Fernández, lo sacó y lo hizo bañar con agua helada, y que lo hacía en esas condiciones "para ver el pito de un judío".
Mañana jueves continúa el juicio, con más testimonios y declaraciones. Desde Justicia YA! en La Plata invitamos a la comunidad a participar de las audiencias que se desarrollan en el edificio de Tribunales, en calle 8 entre 50 y 51 de nuestra ciudad. Para ingresar a la sala (en caso de haber lugar), no es necesario contar con una credencial de acreditación, pero sí es imprescindible concurrir con el DNI.
Nuestra convicción de que en Argentina se perpetró un genocidio durante la última dictadura militar nos obliga a plantear, como ya lo hicimos en el juicio contra el represor Miguel Etchecolaz, que deben ser condenados "todos los genocidas, por todos los compañeros", y no un genocida en particular por una sumatoria de casos individuales. Reafirmamos, como lo hicimos el primer día del juicio a Von Wernich frente al tribunal, que "entiende esta querella unificada que resulta imprescindible la adopción de nuevos criterios probatorios, dado que los delitos que aquí se juzgan fueron parte de un proceso más amplio que vivió la Argentina, un plan sistemático ya probado, un GENOCIDIO cuyas consecuencias planificadas de impunidad alcanzan al día de hoy y tienen como resultado la desaparición de JORGE JULIO LÓPEZ".
La Plata , 25 de Julio de 2007
Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos de La Plata (Ex detenidos-desaparecidos, Familiares y Compañeros).
Integrantes de Justicia Ya! La Plata.
Teléfonos de contacto:
Carlos Zaidman (sobreviviente, querellante en esta causa): (0221) 15-573-1407 Verónica Bogliano (abogada de la querella): (0221) 15-523-4618Guadalupe Godoy (abogada de la querella): (011) 15-5113-1589Myriam Bregman (abogada de la querella): (011) 15-4170-2398Nilda Eloy (sobreviviente, AEDD): (0221) 15-586-5035
LA IMPUNIDAD TIENE CURA
Cárcel a todos los genocidas, Justicia por todos los compañeros!
Juicio al Genocida Von Wernich!
Aparición con vida YA de Jorge Julio López!
sábado, 7 de julio de 2007
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid
El Tribunal Supremo español confirma la sentencia por crímenes contra la humanidad en el caso Scilingo
Comunicado
· La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, tras la deliberación en pleno finalizada el 3 de julio de 2007, resolvió la casación del caso Scilingo por diez votos frente a cinco con dos sentencias que reproducimos más abajo.
· Aunque el texto íntegro de la sentencia todavía no se ha dado a conocer ni tampoco la orientación de los votos particulares, en su comunicado, el Pleno de la Sala mantiene la fundamentación de la Sentencia de la Sala III de la Audiencia Nacional que condenó a Scilingo por la comisión de actos que constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional. Se rechazan por tanto, nuevamente, las pretensiones del resto de las acusaciones populares y particulares que habían recurrido la sentencia contra Scilingo solicitando que se lo condenara por el tipo penal de genocidio y terrorismo.
· La variación más evidente que se produce con esta sentencia se refiere a la aplicación del artículo 607 bis del actual Código Penal español que castiga el delito de lesa humanidad y pasa a aplicar las penas correspondientes según el Código penal vigente para los delitos como el asesinato y la detención ilegal, pero considerando que esos delitos "constituyen crímenes contra la Humanidad según el derecho internacional"
· La AAPDH-M en su escrito de conclusiones definitivas de marzo de 2005, en que calificaba los hechos como crímenes de lesa humanidad había presentado dos propuestas alternativas para decidir la pena: a) aplicar el artículo 607 bis que fue el adoptado por unanimidad por la Sala III de lo Penal de la Audiencia Nacional o b) "Dada la habitual falta de previsión en las legislaciones internas en lo que hace al establecimiento de penas concretas para los crímenes contra la humanidad, esta imprevisión no debe ser un obstáculo, ya que dichos delitos, en cuanto delitos contra bienes jurídicos fundamentales que adquieren el carácter de delito internacional al ser cometidos de forma masiva o sistemática con la participación o tolerancia del poder político de iure o de facto, con lo que la represión y sanción de estas conductas en el Derecho interno queda cubierta con las figuras comunes de la asociación ilícita, el homicidio, asesinato, lesiones, torturas, extorsión, secuestros, etc., todo ello agravado por tratarse de actos sistemáticos y gran escala, cometidos desde la estructura del Estado y que atentan contra la conciencia común de la humanidad". Esta forma de decidir la pena coincide con la adoptada finalmente por el Pleno jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
· Al aplicar este criterio se produce un aparente aumento de la pena, desde los 640 años a que había sido condenado hasta los 1.084 años de condena. Sin embargo la pena efectiva se reduce de los 30 años que eran los previstos por la aplicación del artículo 607 bis, a los 25 años que se establecen como pena para los delitos comunes.
· Aunque la AAPDH-M analizará en profundidad la sentencia del Tribunal Supremo cuando esté disponible, es indudable el avance que se produce en la lucha contra los modelos de impunidad vigentes en muchos países.
Notificación del Tribunal Supremo español
En el recurso n° 10049/2006-P, tras la deliberación finalizada en el día de ayer, 3 de julio de 2007, el Pleno jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado:
PRIMERA SENTENCIA
FALLO
Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Adolfo Francisco Scilingo Manzorro por estimación parcial del motivo 5° de su recurso, desestimando todos los demás.
Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por las acusaciones particulares en nombre de Marta Betini Francese y otros, por estimación parcial del motivo 3° de su recurso, desestimando todos los demás.
En consecuencia se casa y anula parcialmente la sentencia de instancia. Costas de oficio.
SEGUNDA SENTENCIA
FALLO
Debemos condenar y condenarnos al acusado Adolfo Francisco Scilingo Manzorro como autor de treinta delitos de asesinato previstos y penados en el articulo 139.1°; como autor de un delito de detención ilegal previsto y penado en el artículo 163, y como cómplice de 255 delitos de detención ilegal previstos y penados en el artículo 163, todos ellos del Código Penal vigente, los cuales constituyen crímenes contra la Humanidad según el derecho internacional, a las penas de 19 años de prisión por cada delito de asesinato; cuatro años de prisión por el delito de detención ilegal, del que se le condena como autor, y dos años de prisión por cada uno de los delitos de detención ilegal de los que es considerado cómplice. Accesorias de inhabilitación absoluta respecto de cada una de las penas de 19 años de prisión y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo respecto de las demás penas.
Se acuerda la absolución respecto de los demás delitos imputados. Se mantienen los demás pronunciamientos de la sentencia de instancia no afectados por el presente.
De conformidad con el artículo 76.1 .a) del Código Penal, se establece en 25 años el límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena.
El acuerdo fue adoptado por mayoría (10-5). El texto íntegro de la sentencia se hará público una vez redactado en su integridad e incorporados los votos particulares.
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